Al disponerse ahora un sistema de evaluación y juzgamiento de la conducta de los funcionarios de los Ministerios Públicos, con la exclusiva intervención del Poder Legislativo, y sin la participación plural que prevee la Constitución provincial para casos análogos de funcionarios del Poder Judicial, se afecta la autonomía funcional y la independencia de los órganos encargados de la investigación penal, de la acusación y de la defensa.
Se adhiere a las gestiones que el Colegio de Magistrados y Funcionarios de dicha provincia viene realizando en orden a garantizar la vigencia de los principios constitucionales que consagran la autonomía de estos organismos.
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