El Estado tiene la obligación de velar por la independencia de los magistrados, preservada de presiones de cualquier naturaleza y origen; y los ciudadanos tienen el derecho de contar con esas garantías. Por ello corresponde rechazar de plano estos intentos de intimidación, reclamando la pronta y contundente acción del Estado para imponer un límite institucional ante lo que, a esta altura, constituye una sucesión de hechos violentos de semejantes características.
La FAM hace llegar su solidaridad al Juez y su familia y se pone a disposición del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe y de las autoridades gubernamentales para colaborar en todo lo necesario frente a la gravedad de estos hechos.
Ariel Ariza
Presidente Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
Omar López
Secretario
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